El pasado jueves 28 de abril, la Editorial de uno de los principales periódicos de Chile, Diario La Tercera, se refirió a los vegetales genéticamente modificados, popularmente conocidos como transgénicos, haciendo hincapié en lo absurdo de la regulación de éstos en Chile y manifestando que el sistema político no debe acoger preferencias de grupos ciudadanos, cuando éstas, sin base científica, afectan las posibilidades de los trabajadores.
El texto de la Editorial es el siguiente:
EL Gobierno ha reflotado la discusión legislativa de un proyecto de ley sobre bioseguridad de vegetales genéticamente modificados (VGM), para permitir su cultivo y comercialización en Chile. Este proyecto fue presentado en 2006 por senadores de todo el espectro político en el Parlamento y aprobado en primer trámite por el Senado, pero luego quedó congelado. En esta oportunidad, el Ministerio de Agricultura reactivó la discusión enviando indicaciones sustitutivas firmadas por el Presidente de la República y los ministros de Agricultura, Salud, Economía y Medio Ambiente.
Es muy importante que lo esencial de este proyecto prospere, para lograr incrementos en la productividad de la agricultura chilena. La biotecnología genética ha logrado desarrollar variedades de vegetales «transgénicos» con características positivas, como son la resistencia a pestes o a ciertos agroquímicos, lo que permite aumentar rindes, disminuir costos, incorporar áreas con limitaciones climáticas a la producción y reducir el uso de combustibles y contaminación ambiental en la producción de alimentos. El cultivo de estas variedades y el consumo de esta producción ocurren en Estados Unidos y Canadá desde hace décadas. En Europa, el consumo de alimentos en cuya producción se ha utilizado materia prima agrícola transgénica es también de larga data, y la producción de variedades genéticamente modificadas ha ganado espacio. La extensión de estas tecnologías es tal que los cultivos de VGM en el mundo involucran actualmente unos 150 millones de hectáreas. Hasta la fecha no hay evidencia científica de daños a la salud provocados por el consumo de VGM, por lo que sus opositores sólo pueden postular, en contra del enfoque científico, su énfasis en precaución.
La situación en Chile es particularmente irracional, ya que la población consume alimentos producidos en el extranjero con elementos transgénicos, los animales que no pastan libremente se alimentan mayoritariamente con granos transgénicos importados y los agricultores nacionales destinan anualmente unas 20.000 hectáreas a la reproducción de semillas de VGM para ser exportadas. Lo que está prohibido es efectuar producción agrícola de VGM para utilización en el país. Cuando la pujanza asiática castiga diversos rubros de producción industrial en Chile, la limitación al uso de VGM está restringiendo en forma caprichosa la capacidad del país para aprovechar los nuevos espacios productivos que -entre otros- se configuran en la agricultura. El costo de esta irracionalidad es un menor nivel de vida de los trabajadores chilenos, que deberán adecuarse a la nueva realidad competitiva con menos elementos mitigantes.
El público tiene todo el derecho a informarse sobre el contenido exacto de lo que consume, aun si sus preocupaciones reflejan sólo temores poco racionales, y el proyecto debe acoger esa demanda. Lo que no es aceptable es que el sistema político potencie variadas preferencias ciudadanas, que no se ajustan a ningún criterio científico, si ello daña al país y a sus trabajadores. Por eso es importante que se legisle para permitir en Chile el uso racional de las biotecnologías disponibles para la producción agrícola, sin condicionar su utilización a elementos que las encarecen artificialmente. La planificación voluntarista en otros rubros agrícolas ya condujo a requisitos que no han llevado a su despegue exportador, pero que si han limitado la participación de los pequeños productores.
Fuente: La Tercera