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Agricultores chilenos piden incorporar los cultivos transgénicos como alternativa productiva.

Los cultivos transgénicos han tomado protagonismo últimamente en Chile, luego que el pasado 3 de marzo, el mismo ministro de Agricultura, anunciara el ingreso de una iniciativa al Congreso que regule el mercado nacional de los vegetales genéticamente modificados, que permita el uso de la tecnología en la agricultura local y abastecer el mercado interno, que actualmente es abastecido con transgénicos importados.

En este contexto, y según publicó el Diario La Tribuna de los Ángeles, en el marco de la inauguración de la Planta industrial Bionutrición, el presidente del directorio, Rodrigo Valenzuela, llamó la atención de las autoridades presentes, encabezadas por el ministro de Agricultura, José Antonio Galilea, sobre tres aspectos relacionados con las políticas públicas que afectan al sector. Uno de ellos, apuntó a la necesidad de una legislación para que se incorporen los cultivos transgénicos como alternativa productiva.

“Tenemos la convicción que postergar esta decisión, significa aumentar las desventajas de nuestros agricultores frente a nuestros competidores extranjeros”, señaló el directivo, haciendo ver que parece paradojal, que se esté discutiendo sobre el uso la energía nuclear en el país y se postergue el tema del cultivo de organismos genéticamente modificados.

Así que, aprovechando su estadía en Los Ángeles, fue el mismo ministro quien le respondió de inmediato al presidente del directorio sobre la inquietud manifestada por los agricultores en este tema, instándolos a defender esta iniciativa que se haya en el Congreso.

“Nuestro proyecto para normar por ley los vegetales genéticamente modificados ha iniciado su trámite en el Congreso por lo que los llamo a hacer una férrea defensa de esta iniciativa, no es posible que nos siga rigiendo una normativa que además de insuficiente es completamente absurda”.

Fundamentó que los agricultores chilenos multiplican semillas transgénicas para exportarlas, no obstante, “les está prohibido comercializar productos que provienen de esta tecnología en el mercado interno, pero lo paradojal de esto es que importamos productos que provienen de esa tecnología y los consumimos, por lo que es evidente que un escenario tan absurdo como éste no sólo genera una condición de competencia desleal para los agricultores, sino que además constituye para los propios consumidores un verdadero engaño”, subrayó el secretario de Estado.

En este sentido, insistió en defender la iniciativa, porque Chile, hoy, cultiva más de 25 mil hectáreas de semilla transgénica de exportación.

“No estamos con este proyecto pretendiendo incorporar esta tecnología en la agricultura chilena porque ya está incorporada sino regularlo a través de una legislación en el Congreso con la posibilidad de que todos los sectores puedan participar y entregar su opinión”, afirmó, subrayando que una responsabilidad de esta naturaleza debiera estar radicadas en una ley para conocimiento y uso de todos los sectores involucrados.

Cabe mencionar que el “Proyecto de Ley de Vegetales Genéticamente Modificados” fue ingresado al Congreso en el año 2006, como una Moción de los senadores Alberto Espina, Fernando Flores, Antonio Coloma, Andrés Allamand y Eduardo Frei. Su objetivo era expandir los cultivos transgénicos en Chile permitiendo su comercialización a nivel nacional, ya que actualmente sólo se permiten cultivos transgénicos para exportación de semillas y pruebas de campo.

Durante su discusión, se le efectuaron cientos de indicaciones, el gobierno de Bachelet nunca le dio urgencia y quedó sumido en una Comisión Unida de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, sin avance. En un intento de rescatar esta iniciativa, el Ministerio de Agricultura le ha sumado indicaciones en el mes de marzo de este año, donde Galilea, defendió la iniciativa que complementa la moción parlamentaria, asegurando que “pretende poner al alcance de los agricultores chilenos el uso de esta tecnología ampliamente difundida en el mundo, que presenta ventajas en materia de rendimientos y costos favorables para los productores. Privarlos de ella constituye sin dudas una suerte de competencia desleal, según la autoridad.

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